De la inseguridad social a la fiscal
Lic. Adrián Alfonso Paredes Santana
La violencia y la incertidumbre que de esta se deriva, y difundida por los medios de comunicación masiva, también se puede encontrar en el ámbito jurídico; vemos autoridades administrativas ineficientes en la ejecución de las leyes como también a un poder judicial que no respeta su principal encomienda: la aplicación de la justicia en pleno respeto a la Carta Magna. A esto, si bien es cierto que las leyes son omisas e imprecisas, la mejor manera de ajustar y perfeccionarlas, es mediante una jurisprudencia justa por parte de Magistrados y Ministros.
Aquí es donde comienza la violencia e injusticia jurídica a los ciudadanos, iniciada por la corrupción provocada por sujetos del ámbito privado o público, continuando con los contenidos de las sentencias, en donde la no aplicación de las leyes en materia tributaria es aún más marcado este fenómeno antisocial. Estamos ante una seria crisis de credibilidad hacia las instituciones del Estado por parte de los contribuyentes, pues se demuestra la ausencia total de un iusnaturalismo y una caída del iuspositivismo; bibliotecas enteras han quedo obsoletas e inaplicables ante aberrantes y recientes criterios.
Los principios constitucionales de los impuestos han sido tan alterados, al grado de que hoy no podemos reconocerlos como eran enseñados antaño en las escuelas de derecho. Hoy, los métodos de interpretación se han ceñido sólo a uno: el económico, aquel que le conviene al fisco. De lo anterior se deduce que, para que México sea un país competitivo, se necesita una reforma de pensamiento, no una de Estado ni mucho menos un libro blanco; el problema son los entes públicos y ciudadanos.
El papel del consultor fiscal en estos tiempos, como nos solía decir Genaro Góngora Pimentel, “no es otra más que ser corsarios en defensa de la desprotegida clase de mexicanos-contribuyentes en contra de otros mexicanos que ocupan los poderes de la unión”. Resulta increíble el hecho de que los Tres Poderes de la Unión cierren filas en contra de los causantes, lo que debe ser expulsado como política fiscal, pues a veces se llega al grado de sentar criterios jurisprudenciales antes de la llegada de una reforma fiscal como medida preparatoria.
Para finalizar, el reclamo de un impuesto desproporcional no debe ser en lo individual, sino en su conjunto. Como sabemos, nuestro régimen impositivo es notoriamente ruinoso, pero para lograr cambios debemos renovar la fórmula de argumentación y sobre todo, ser considerados al momento de sentenciar en busca de justicia, “La recuperación del secuestro de México está en las manos de cada uno de nosotros”.